Tras 29 años de proyectos, convenios y anuncios, la Legislatura sancionó el cambio estructural que tres gobiernos del PJ dejaron pendiente.
De la redacción de INFORME DIGITAL
Durante 29 años, la Caja de Jubilaciones fue el problema que todos reconocieron y ningún gobierno consiguió resolver de manera estructural.
La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma jubilatoria impulsada por Rogelio Frigerio y cerró una discusión que había comenzado formalmente en 1997, cuando la segunda gestión de Jorge Busti presentó un proyecto que ya proponía elevar las edades, ampliar el período utilizado para calcular el haber inicial y modificar la movilidad.
Frigerio no fue el primer gobernador que diagnosticó el déficit. Tampoco fue el primero que habló de sustentabilidad, de corregir inequidades o de revisar los regímenes especiales.
La diferencia política fue otra: logró reunir los votos y transformar aquellos diagnósticos en una ley.
Antes lo habían intentado Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet. Sus gobiernos redactaron proyectos, firmaron acuerdos con la Nación para financiar el déficit, convocaron a sindicatos y legisladores y aplicaron medidas parciales. Ninguno pudo completar una reforma integral de la Ley 8.732.
El proyecto denominado Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional había obtenido la media sanción del Senado con 10 votos positivos y siete negativos. Al respaldo de los ocho senadores de Juntos por Entre Ríos se sumaron las peronistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda. Diputados completó ahora la sanción definitiva.
Cinco proyectos que nunca se convirtieron en ley
La profundidad de los intentos anteriores fue reconocida por Daniel Elías, quien presidió la Caja durante las administraciones justicialistas y participó en la elaboración de cinco anteproyectos de reforma.
El primero fue redactado durante el gobierno de Busti. Al menos otros tres fueron trabajados durante los mandatos de Urribarri y el último estaba preparado cuando Bordet anunció en 2020 que impulsaría una modificación del sistema.
“Si ese proyecto hubiera sido aprobado, aunque sea en parte, muchas de las cosas que estamos sufriendo no las hubiésemos sufrido”, reconoció Elías al recordar el primer texto de 1997. También reveló que el anteproyecto preparado durante la gestión de Bordet ya contemplaba elevar edades y cambiar el esquema de pensiones.
La historia, por lo tanto, no demuestra que los tres exgobernadores desconocieran el problema. Demuestra que lo conocieron, intentaron abordarlo y no consiguieron asumir o superar el costo político necesario para aprobar una transformación estructural.
El proyecto de Busti que quedó archivado 29 años
El primer antecedente directo apareció en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del 30 de diciembre de 1997, durante la segunda gobernación de Jorge Busti.
El proyecto contenía 44 artículos y planteaba elevar la edad jubilatoria a 63 años para los varones y 60 para las mujeres. También proponía ampliar el período de remuneraciones considerado para determinar el haber inicial y modificar el mecanismo de movilidad.
Buena parte de las cuestiones que generaron resistencia casi tres décadas después ya habían sido planteadas por un gobierno peronista.
La iniciativa tomó estado parlamentario, pero fue retirada y terminó archivada. El problema quedó sin resolver y volvió a aparecer durante la tercera gobernación de Busti.
El 10 de junio de 2004, Busti firmó con el entonces presidente Néstor Kirchner un convenio de compensación del déficit previsional. La Nación aportó recursos para sostener la Caja entrerriana, pero el acuerdo financiero tampoco produjo una reforma de fondo.
Urribarri firmó armonizar y después negó una reforma
Durante el primer mandato de Sergio Urribarri ocurrió uno de los episodios más contradictorios de la historia previsional entrerriana.
El 17 de octubre de 2008, Urribarri firmó con la Administración Nacional de la Seguridad Social el Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de Entre Ríos.
El documento comprometía a la Provincia a continuar la armonización de su normativa con el régimen nacional. Entre los puntos mencionados expresamente estaban la edad jubilatoria, los años de servicios con aportes y las compensaciones entre años trabajados y exceso de edad.
Sin embargo, cuatro meses después, el gobierno provincial descartó públicamente que fuera a cambiar los elementos centrales del régimen.
El entonces presidente de la Caja, Daniel Elías, aseguró que no aumentarían las edades ni modificarían la movilidad y pronunció una definición terminante: “No hubo ni va a haber reformas a la ley provincial”.
Años más tarde, el propio Elías reveló que, pese a aquella negativa pública, durante los dos mandatos de Urribarri se trabajó en al menos tres iniciativas diferentes. Ninguna llegó a convertirse en ley.
Urribarri firmó la armonización, reconoció que el déficit necesitaba financiamiento nacional y tuvo proyectos dentro de su administración, pero no llevó una reforma estructural hasta el recinto.
Bordet abrió el debate pero no consiguió apoyo propio
El problema volvió a instalarse con fuerza durante los ocho años de Gustavo Bordet.
En marzo de 2018, Bordet le encomendó a Daniel Elías iniciar una ronda de reuniones con gremios y legisladores para buscar medidas que garantizaran la “sustentabilidad y suficiencia” del régimen previsional.
La conducción de la Caja sostenía que debían revisarse determinadas jubilaciones, pensiones, regímenes especiales y beneficios considerados excesivamente protectores. En junio de aquel año, Elías anticipó que pondría a consideración de los sectores un borrador con ideas para una reforma que esperaba que fuera sancionada por unanimidad.
La ronda de conversaciones no produjo una ley.
Bordet retomó el tema al iniciar su segundo mandato. El 15 de febrero de 2020 anunció ante la Asamblea Legislativa que convocaría a un espacio multisectorial para encontrar una solución que garantizara la sustentabilidad del sistema.
La pandemia interrumpió aquel proceso. En lugar de una reforma integral, el gobierno sancionó la Ley de Emergencia Solidaria, que elevó temporalmente los aportes de trabajadores activos y jubilados de mayores ingresos. Fue una respuesta financiera y coyuntural, no la transformación estructural que se había anunciado.
En febrero de 2021, Bordet volvió a reconocer el problema. Defendió el mantenimiento del 82% móvil y de los derechos adquiridos, pero sostuvo que era necesario “corregir inequidades”.
La reforma tampoco avanzó.
Al terminar su mandato, Bordet explicó que no había conseguido los consensos necesarios y que solamente había modificado por decreto aquello que no necesitaba autorización legislativa. Posteriormente fue todavía más directo: admitió que en 2020 no encontró acompañamiento en la oposición, pero tampoco dentro de su propio oficialismo.
Qué cambia con la ley de Frigerio
La reforma conserva el 82% para la jubilación ordinaria, pero modifica la forma de calcularlo. El haber inicial será equivalente al 82% del promedio actualizado de las últimas 180 remuneraciones mensuales brutas sujetas a aportes, es decir, los últimos 15 años.
La edad para acceder a la jubilación ordinaria será de 65 años para los varones y 60 para las mujeres, con 35 años de servicios computables. La aplicación será gradual: hasta 2030 continuarán las condiciones anteriores y desde 2031 comenzarán a aumentar progresivamente la edad y los años de aportes, hasta completar el nuevo esquema en 2039.
Las pensiones representarán el 70% del beneficio que percibía o le habría correspondido al causante. La movilidad quedará vinculada a los incrementos salariales acordados por el Poder Ejecutivo con el escalafón que tenga la mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
La norma declara además una emergencia económica y financiera del sistema por dos años, prorrogable por otros dos. Durante ese período establece aportes personales extraordinarios para determinados salarios e incrementa las contribuciones patronales del Estado, los municipios, las comunas y otros empleadores adheridos.
El impacto sobre las cuentas municipales
Uno de los puntos más discutidos de la reforma es el costo que deberán afrontar los municipios y comunas adheridos al sistema previsional provincial. Durante la emergencia, la contribución patronal aumentará tres puntos porcentuales para los sectores que resulten deficitarios. En el caso de los empleadores adheridos que no generen déficit, el incremento será del 1,5% mientras conserven esa situación; si pasan a ser deficitarios, comenzarán a pagar el 3% desde ese mismo mes.
La ley establece además que la Provincia, los municipios y las comunas deberán solventar el déficit en la proporción en que cada uno lo haya originado. La Caja calculará mensualmente cuánto corresponde pagar a cada gobierno local y podrá retener o compensar esos importes directamente de los recursos que deban recibir.
Este mecanismo abrió una fuerte polémica porque las administraciones municipales deberán destinar una parte mayor de sus presupuestos al sostenimiento previsional. Los cuestionamientos advierten que la nueva carga podría obligarlas a resignar fondos destinados a servicios, obras públicas, mantenimiento urbano y asistencia social, especialmente en aquellas localidades que ya atraviesan dificultades financieras. Los municipios, sin embargo, no serán alcanzados de la misma manera: la reforma diferencia entre los que generan déficit y aquellos cuyos aportes todavía superan el costo de sus jubilados.
La diferencia fue convertir el diagnóstico en ley
La reforma enfrentará cuestionamientos gremiales, políticos y judiciales. Sus resultados dependerán de la reglamentación, de la evolución de las cuentas públicas y de la manera en que se apliquen sus disposiciones transitorias.
Pero la sanción deja un dato político que no puede soslayarse.
Frigerio no inventó el déficit ni fue el primero que propuso modificar el sistema. El diagnóstico estaba escrito desde 1997 y atravesó las administraciones de Busti, Urribarri y Bordet.
Los tres hablaron del problema. Los tres promovieron proyectos, negociaciones o medidas parciales. Los tres encontraron resistencias externas o dentro de sus propios gobiernos.
Frigerio logró lo que ellos no pudieron: asumir el costo político, reunir una mayoría legislativa y convertir 29 años de advertencias, convenios y proyectos frustrados en una reforma jubilatoria.
